index

leyes

Apoyamos los procesos de reforma,

capacitación y gestión del cambio en el sector público de justicia.

fondo2

Colaboramos en el fortalecimiento institucional

de entidades privadas y sin ánimo de lucro dedicadas a brindar servicios
educativos y de representación judicial.

fondo3qa

Participamos en la transformación social derivada de los acuerdos de paz,

empoderando a actores sociales y asesorando la aplicación
de la justicia transicional y alternativa.

Nuestros servicios

Formación/Capacitación

Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores diseña, planifica, ejecuta y evalúa programas de formación y capacitación presencial, E – Learning y B – Learning para: práctica judicial oral adversativa; habilitación de multiplicadores institucionales y docentes; análisis, planificación y evaluación de casos judiciales; cambio cultural y gestión institucional de calidad en el sector justicia; empoderamiento de actores sociales e institucionales de los sistemas locales de justicia.

Consultoría

Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores asesora a las instituciones gubernamentales y del sector justicia en el diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación de acciones de intervención estratégica para el mejoramiento continuo misional y la consecución de objetivos y logros de desarrollo, en el marco de la justicia ordinaria, restaurativa y transicional del posconflicto.

Litigio oral estratégico

Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores representa a víctimas y a personas procesadas judicialmente aplicando las técnicas modernas de litigación oral adversativa, a través de un conjunto de acciones estratégicas encaminadas a lograr la convicción del juzgador en los intereses de parte postulados y defendidos, y la efectiva refutación de las hipótesis acusatoria y exculpatoria, sobre la base de un adecuado manejo estratégico de la prueba que potencia su capacidad demostrativa.

Últimos trabajos y realizaciones

Caracterización socio-jurídica de internos FARC-EP

Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores ejecutó (2016-II) un contrato público con el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, realizando la caracterización socio-jurídica de todos los miembros del grupo guerrillero FARC-EP privados de la libertad, contribuyendo así con la actualización, revisión y fijación de la información base para el cumplimiento de los acuerdos de paz de la Habana, en materia de beneficios legales de amnistía e indulto. Se construyó y entregó un software (SiPaz) para el registro y administración de la información obtenida de la ficha de caracterización de internos de las FARC-EP, con el cual se logró también el control, la organización y la generación de informes estadísticos útiles para el proceso de desmovilización y dejación de armas FARC-EP.

Objeto del proceso y su relación con la gestión de la prueba. Hacia la implementación del CNPP argentino

César Augusto Reyes Medina (Oct – 2016). No ha sido tema pacífico en la comunidad jurídica internacional definir el objeto del proceso penal, especialmente, por la aparente relación entre verdad y justicia, ambos valores superiores de cualquier estado social de derecho y de las democracias constitucionales donde en esencia impera la vigencia de los derechos fundamentales de los asociados. Discusiones que pasan por reconocer dificultades para definir el concepto mismo de verdad, su relatividad y reconstruir lo acaecido en el marco de un proceso en el que incluso las garantías judiciales conspiran contra su búsqueda…. (Leer más)

La Acordada 1/12 CFAN – Argentina. La incorporación de declaraciones anteriores de testigos en procesos por crímenes de lesa humanidad

Fernando Jiménez Montes (Nov – 2016). En virtud de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (contractuales y no contractuales), el Estado Argentino asumió la responsabilidad internacional de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de delitos, incluidas aquellas perjudicadas por actos de abuso de poder. Sin duda, dentro de tales responsabilidades está la de garantizar una pronta y cumplida justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), en consonancia con “el mandato y la jurisprudencia internacional que obliga a la República, habiendo sido asumida con extensión y transparencia que registra pocos precedentes, al punto de  ser citada ejemplarmente en todo el mundo (Leer más)

Trabajamos y cooperamos con